Bajo la ley original, la protección de los glaciares operaba de manera automática e integral: todos los glaciares y geoformas periglaciales se presumían protegidos por el solo hecho de su existencia y de su rol como reservas hídricas. La Reforma restringe este enfoque. La protección pasa ahora a estar vinculada a que un glaciar o ambiente periglacial cumpla funciones específicas, a saber, actuar como reserva estratégica de agua o contribuir a la recarga de cuencas hidrográficas. Este criterio funcional es central en las modificaciones y aparece de manera consistente a lo largo de la Reforma, afectando la forma en que la protección se activa, se mantiene o se levanta.

Uno de los cambios más relevantes introducidos por la Reforma se refiere al Inventario Nacional de Glaciares. Mientras que la ley original concebía el Inventario como un registro técnico que sustentaba un régimen de prohibiciones automático y amplio, el marco modificado lo convierte en un instrumento selectivo y adaptativo. Si bien los glaciares y las geoformas periglaciales incluidos en el Inventario quedan inicialmente sujetos a protección, el artículo 3 bis establece un mecanismo específico que permite su exclusión si la autoridad ambiental competente determina que no cumplen las funciones hidrológicas requeridas. Una vez adoptada dicha determinación, la formación en cuestión deja de estar amparada por la Ley de Glaciares y queda sujeta únicamente a la legislación ambiental general.